Datos y experiencias sobre el estado de la Ciencia en Chile:
Que en los últimos 40 años, Chile solo ha invertido entre el 0,3 y 0,4% del PIB en ciencia y tecnología. Que en nuestro país hay menos de 800 investigadores por cada millón de habitantes, en comparación con los 3.620 del promedio de los países de la OCDE.
Que se han creado dos comisiones asesoras presidenciales, las cuales han delineado planes claros en este ámbito, pero que la Presidenta Michelle Bachelet todavía no ha dado respuesta. Que al escaso aumento de presupuesto para la ciencia en 2016, se suman la disminución del número de becas y el atraso de los concursos. Y para rematar, que el ex presidente de la Comisión Nacional de Investigación y Tecnología (Conicyt), Francisco Brieva, haya renunciado a su puesto, alegando miles de trabas para aumentar la inversión en ciencia y tecnología, e incluso no haber recibido sueldo por seis meses; renuncia a la que siguió una amarga carta firmada por buena parte de la comunidad científica nacional, titulada «Nuestros gobiernos han elegido la ignorancia».
Gonzalo Rivas, presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) y miembro de la Comisión Presidencial “Ciencia para el desarrollo de Chile”, relata que en Chile el gasto público anual en el ámbito de inversión, desarrollo e innovación, es el equivalente a pavimentar 68 kilómetros de carretera. “Representa un 70% de los recursos que se necesitan para organizar un Mundial de Fútbol”.
“El país vas a requerir de un periodo de incremento mucho más fuerte del gasto público en inversión de investigación y desarrollo (I+D)”, plantea Rivas.
Es mucha la experiencia de otros países que se puede replicar, pero hay que tener cuidado respecto de dónde dirigir la mirada, advierten los expertos. Países como Corea del Sur, Alemania e Israel, en los últimos 40 años, han logrado dar ese salto principalmente gracias a la industrialización de sus mercados. ¿Pero es ahí donde nos podemos reflejar?
Sin embargo, este diálogo en términos de inversión entre el sector público y el privado, en Chile no es fluido. Se escucha fuertemente en los círculos científicos la poca coordinación que existe entre los sectores productivos, la academia y las agencias públicas.
Frente a esta disyuntiva, proponemos una mejor conversación entre las empresas nacionales y los centros de investigación y desarrollo. En particular, los centros I+D privados, que representan una pequeña parte del total de los centros de Investigación y Desarrollo en Chile.
Los centros de Investigación y Desarrollo privados, a diferencia de las Universidades y centros de Investigación públicos, se centran en el desarrollo de nuevos productos, servicios o mejoras sustanciales de los existentes, trabajando siempre sobre la base de mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas, de esta forma lograr en las empresas una mayor sofisticación y expansión en mercados cada vez más exigentes y globalizados. Los centros públicos y Universidades tienen un rol más de investigación, para ampliar la frontera del conocimiento y que estos conocimientos puedan ser utilizados por el resto.
Para mejorar esta comunicación, el sector público, a través de Corfo, ofrece importantes beneficios tributarios a la inversión realizada sobre Centros de Investigación y Desarrollo para la creación de valor aplicada a su organización. Estos beneficios incluyen un crédito tributario del 35% de lo invertido contra el impuesto de Primera Categoría y el 65% restante, poder declararlo como gasto necesario para la renta.
Para más información sobre el beneficio y sus aplicaciones, visita www.exe.cl/idi/.